Simplificar sin desmantelar: el Paquete Omnibus y el futuro de la regulación ESG europea
En los últimos años, la Unión Europea ha desplegado uno de los marcos regulatorios de sostenibilidad más ambiciosos del mundo.
Directivas como la CSRD, la CSDDD o el CBAM han situado a las empresas en el centro de la transición ecológica y social, asignándoles un papel clave en la reducción de emisiones, la transparencia y la diligencia debida a lo largo de la cadena de valor. Este despliegue normativo, sin embargo, ha ido acompañado de críticas crecientes por parte de Estados miembros y del sector empresarial, que alertaban sobre la complejidad del marco resultante, el solapamiento de obligaciones y su impacto sobre la competitividad industrial europea.
La sostenibilidad no puede construirse únicamente a partir de marcos normativos cada vez más complejos, sino desde regulaciones claras, coherentes y aplicables.
En este contexto surge el Paquete Omnibus, una iniciativa de la Comisión Europea concebida para revisar y ajustar este entramado normativo sin desmantelarlo. Lejos de constituir una única norma, el Omnibus actúa como una ley de modificación transversal, introduciendo cambios coordinados en varias piezas clave del marco ESG europeo con el objetivo de alinear el nivel de exigencia regulatoria con la capacidad real de las empresas para asumirlo y con su impacto potencial.
Presentado en febrero de 2025, el Paquete Omnibus ha avanzado a lo largo del pasado año mediante un proceso intenso de negociación institucional. Las posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo han convergido progresivamente hasta desembocar en acuerdos políticos que reconfiguran de forma significativa tanto el perímetro como la intensidad de las obligaciones de sostenibilidad corporativa en la Unión Europea, especialmente a través de modificaciones en la CSRD y la CSDDD.
CSRD: menos empresas obligadas, más foco en las grandes
La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que sustituye y amplía la antigua Directiva de Información No Financiera, nació con la vocación de extender el reporte de sostenibilidad a decenas de miles de empresas europeas. El Paquete Omnibus introduce aquí uno de los cambios más relevantes mediante la redefinición de sus umbrales de aplicación, orientada a concentrar las obligaciones más complejas en aquellas organizaciones con mayor impacto potencial y mayor capacidad para generar información comparable y verificable.
Así, la obligación de reportar conforme a la CSRD queda restringida a empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio anual superior a 450 millones de euros. En el caso de empresas de terceros países, la directiva se aplica cuando el volumen de negocio generado en la Unión Europea supera igualmente ese umbral.
El Paquete Omnibus supone un paso en la buena dirección, al abrir la puerta a un marco regulatorio más funcional y centrado en la reducción efectiva de cargas innecesarias.
Por otro lado, el Omnibus también introduce ajustes técnicos en la aplicación práctica de la CSRD, especialmente en relación con el nivel de detalle del reporte y con la información procedente de la cadena de valor. Los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) se mantienen como marco técnico, pero se acota de forma más precisa su aplicación, permitiendo limitar la recopilación de información a los eslabones de la cadena sobre los que exista una influencia real o donde se hayan identificado riesgos materiales claros.
Este enfoque tiene una implicación directa en la protección de las pequeñas y medianas empresas, que en el diseño inicial de la CSRD podían verse sometidas a obligaciones desproporcionadas como proveedoras de grandes compañías. Al vincular las solicitudes de información a la materialidad y a la capacidad real de influencia, el Omnibus reduce el efecto arrastre y limita la transferencia sistemática de cargas regulatorias hacia pymes. Asimismo, se reconoce explícitamente la posibilidad de utilizar estimaciones, datos sectoriales o información agregada cuando no sea viable obtener datos primarios fiables, siempre que esta elección esté debidamente justificada.
En paralelo, el Paquete Omnibus refuerza la coherencia entre la CSRD y la Taxonomía europea, aclarando que la obligación de reportar conforme a la CSRD no implica automáticamente informar con el mismo nivel de detalle sobre alineación taxonómica. El alcance del reporte en materia de Taxonomía debe ajustarse a la materialidad financiera de las actividades de la empresa y a su encaje efectivo en los criterios técnicos definidos.
En este marco, el principio de doble materialidad se mantiene como eje estructural del reporte, pero se refuerza su función práctica como herramienta de priorización. Esto permite justificar de forma documentada por qué determinados indicadores o informaciones se consideran relevantes y otros no, evitando un enfoque uniforme que obligue a reportar información poco significativa desde el punto de vista del impacto o del riesgo financiero.
CSDDD: una diligencia debida más limitada y gradual
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) ha sido uno de los textos más controvertidos del marco ESG europeo, tanto por su alcance como por sus implicaciones jurídicas. El Paquete Omnibus introduce aquí modificaciones sustanciales, comenzando por una redefinición muy restrictiva del ámbito subjetivo de aplicación, en comparación con el diseño inicial de la directiva, que contemplaba empresas a partir de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación. El nuevo marco limita su aplicación a compañías con más de 5.000 empleados y una facturación global superior a 1.500 millones de euros.
El Paquete Omnibus ha avanzado a lo largo del pasado año mediante un proceso intenso de negociación institucional.
Junto a este ajuste, el Omnibus redefine el alcance material de la diligencia debida, limitando las obligaciones reforzadas a las relaciones comerciales establecidas y a aquellos ámbitos donde existan riesgos adversos identificados y razonablemente previsibles, lo que permite priorizar actuaciones y focalizar recursos en lugar de desplegar controles homogéneos a lo largo de toda la cadena.
El Omnibus elimina además la obligación explícita de adoptar planes de transición climática vinculantes como parte del cumplimiento de la CSDDD, y revisa en profundidad el régimen de responsabilidad civil, limitando la exposición automática a reclamaciones y vinculándola a la razonabilidad de las medidas adoptadas. El régimen sancionador también se ajusta, fijando topes en torno al 3 % de la facturación global y reforzando el principio de proporcionalidad.
Desde la perspectiva institucional, estos cambios se justifican como una forma de garantizar la viabilidad jurídica, operativa y económica de la directiva. No obstante, han generado críticas por parte de organizaciones sociales y ambientales, que consideran que la reducción del alcance y de las obligaciones puede debilitar su potencial transformador.
Taxonomía y CBAM: continuidad con ajustes técnicos
Aunque el foco principal del Paquete Omnibus se ha concentrado en la CSRD y la CSDDD, la iniciativa introduce también ajustes relevantes en otros instrumentos clave del marco de sostenibilidad europeo, en particular en la Taxonomía de la Unión Europea y en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), con el objetivo de mejorar la coherencia interna del sistema y reducir cargas administrativas innecesarias.
En el caso de la Taxonomía europea, el Omnibus no altera los criterios técnicos de clasificación de las actividades económicas sostenibles, pero sí redefine de forma más precisa el alcance y la intensidad de las obligaciones de reporte asociadas. El nuevo enfoque aclara que no todas las compañías obligadas a reportar en virtud de la CSRD deben hacerlo con el mismo nivel de detalle en materia de Taxonomía.
En la práctica, se introduce una aplicación más selectiva y proporcional del reporte taxonómico, vinculando el nivel de información exigido a la materialidad financiera de las actividades y a su encaje efectivo en los criterios técnicos definidos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de reportar indicadores clave (como CAPEX u OPEX alineados) cuando la actividad de la empresa no puede clasificarse de forma clara como elegible o alineada, o cuando dicha información no resulta significativa desde el punto de vista financiero. Con ello se busca evitar duplicidades con la CSRD y reducir la generación de información compleja con escaso valor analítico.
Los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) se mantienen como marco técnico, pero se acota de forma más precisa su aplicación.
Por su parte, el CBAM mantiene su arquitectura básica como instrumento destinado a prevenir la fuga de carbono y a garantizar condiciones de competencia más equilibradas entre productores europeos y extracomunitarios. No obstante, el Paquete Omnibus introduce ajustes técnicos y operativos orientados a facilitar su implementación, especialmente en lo relativo a los requisitos administrativos para importadores, la recopilación de datos sobre emisiones incorporadas y la coordinación con otros instrumentos climáticos de la UE. Estos ajustes buscan mejorar la aplicabilidad práctica del mecanismo sin alterar su objetivo central ni su lógica ambiental.
¿Simplificación o retroceso?
El debate en torno al Paquete Omnibus se ha formulado a menudo en términos de simplificación frente a ambición. Sin embargo, una lectura técnica del conjunto de modificaciones apunta a una cuestión distinta: la eficacia real del marco regulatorio. Tras varios años de expansión normativa muy intensa, el Omnibus responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas en la aplicación práctica de determinadas obligaciones, especialmente aquellas que han generado duplicidades, cargas administrativas elevadas o resultados limitados en términos de impacto ambiental y social.
Desde esta perspectiva, los ajustes introducidos no implican necesariamente una renuncia a los objetivos del Pacto Verde Europeo, sino un intento de reorientar los esfuerzos regulatorios hacia donde pueden generar un efecto transformador real, evitando que la complejidad del sistema termine diluyendo su eficacia o desviando recursos hacia el cumplimiento meramente formal. El reto estará en que esta simplificación no derive en la creación de nuevos instrumentos igualmente complejos o poco operativos, reproduciendo bajo otros formatos los problemas que ahora se tratan de corregir. Aun así, el Paquete Omnibus supone un paso en la buena dirección, al abrir la puerta a un marco regulatorio más funcional y centrado en la reducción efectiva de cargas innecesarias.
El Omnibus actúa como una ley de modificación transversal, introduciendo cambios coordinados en varias piezas clave del marco ESG europeo.
Desde la visión de Genesal Energy, este enfoque resulta especialmente relevante para el tejido industrial europeo. La sostenibilidad no puede construirse únicamente a partir de marcos normativos cada vez más complejos, sino desde regulaciones claras, coherentes y aplicables, que permitan a las empresas concentrar recursos en la mejora real de sus procesos, productos y cadenas de valor. Cuando la carga administrativa supera la capacidad operativa, el riesgo es que la sostenibilidad se convierta en un ejercicio documental, desconectado de la transformación industrial que pretende impulsar.
En última instancia, el éxito del Paquete Omnibus no se medirá solo por el número de obligaciones ajustadas, sino por su capacidad para reforzar la competitividad de la industria europea sin perder de vista los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. En ese equilibrio entre ambición y aplicabilidad se juega buena parte del futuro del modelo regulatorio europeo y de su capacidad para acompañar de forma efectiva la transición hacia una economía más sostenible.
